Grave acusación en los tribunales porteños
El músico Joaquín Levinton enfrenta un complejo frente judicial tras ser denunciado formalmente ante los tribunales penales por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia física sistemática y amenazas coactivas. La presentación fue formulada por una expareja del cantante y quedó radicada formalmente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los términos que constan en las actuaciones judiciales, los episodios investigados habrían ocurrido de manera continuada a lo largo de un período de cinco años, puntualmente entre 2015 y 2020, en el marco de la convivencia y el vínculo sentimental que mantenían.
El contenido de la presentación judicial
El testimonio volcado en el expediente describe un presunto patrón de sometimiento físico y psicológico. La denunciante detalló ante los instructores judiciales haber sido coercionada a mantener relaciones sexuales no consentidas bajo intimidación, además de haber sido forzada al consumo de sustancias estupefacientes en reiteradas ocasiones.
Asimismo, la denuncia penal señala que parte de estos episodios habrían sido registrados mediante filmaciones de carácter no consentido. Entre los hechos de agresión física directa descriptos, la mujer relató un violento incidente en el que el imputado la habría tomado fuertemente del cuello con intenciones de asfixiarla para impedir que se retirara del inmueble en el que se encontraban.
Antecedentes y medidas de protección
Si bien el caso registra un antecedente judicial iniciado en 2022 del cual la denunciante se había apartado temporalmente alegando hostigamiento, el reciente hallazgo y aseguramiento de material probatorio audiovisual de aquel período motivó la ratificación formal y la reapertura plena del proceso penal.
Ante la gravedad del cuadro expuesto y el profundo temor a represalias manifestado por la denunciante —motivado por la alta visibilidad pública y presencia televisiva del vocalista—, las autoridades judiciales y la fiscalía interviniente dispusieron su intervención prioritaria a través del Centro de Orientación a la Víctima (COV) para garantizar su contención psicológica, acompañamiento letrado y la evaluación de medidas cautelares de protección.