Un amplio abanico de entidades periodísticas, organismos de derechos humanos y sectores del arco institucional manifestaron un enérgico repudio contra las recientes declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien arremetió con inusitada violencia verbal contra un grupo de comunicadores y afirmó textualmente que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".
El episodio se desencadenó durante la cena anual de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas libertario, pocas horas después de que la Justicia dictara el sobreseimiento del jefe de Estado en la causa judicial que investigaba la promoción y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA a comienzos de 2025.
Visiblemente exaltado por el fallo judicial favorable, el mandatario aprovechó el atril para señalar de manera directa a cronistas e investigadores que cubrieron las derivaciones del caso:
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Durante su alocución, el Presidente mencionó con nombre y apellido a figuras como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes acusó de orquestar operaciones políticas en su contra y difundir información falsa.
La advertencia de FOPEA: "Un salto cualitativo en la hostilidad oficial"
La reacción de las asociaciones profesionales fue inmediata. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un duro comunicado en el que calificó las expresiones presidenciales como una "escalada sin precedentes" en el hostigamiento gubernamental hacia la prensa independiente:
- Riesgo concreto para los trabajadores: La entidad remarcó que aludir a la hoguera tras individualizar públicamente a comunicadores "legitima la violencia contra quienes informan y los expone a agresiones físicas directas".
- Rol del Estado: "El Estado tiene la obligación primaria de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco de persecución ni estigmatización", exigió FOPEA, exhortando a legisladores y dirigentes de todas las fuerzas políticas a poner un freno institucional al discurso oficial.
CELS y SiPreBA alertan sobre una deriva autoritaria
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que la retórica presidencial degrada los consensos democráticos más elementales. La organización remarcó que cuando la máxima autoridad de la República señala a comunicadores como enemigos públicos, convalida ataques en redes sociales y abre la puerta a episodios de violencia en las calles:
"Las amenazas y la difamación contra quienes hacen periodismo tienen que tener un límite. No es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática de descalificación y represión a los trabajadores de prensa", subrayaron desde el CELS.
En la misma sintonía se pronunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que demandó una respuesta unánime del sistema político y judicial: "No habrá lugar para lamentos si la violencia retórica que promueve a diario el Presidente termina traduciéndose en hechos irreparables sobre el terreno".
A los reclamos gremiales se sumaron pronunciamientos de entidades empresariales como IDEA, que recordaron que la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y el desarrollo económico requieren como condición innegociable el respeto irrestricto por la libertad de prensa y la convivencia pacífica.